Estado y mercado: la Segunda Guerra de los Cien Años

Posted on Mayo 27, 2008 porJ


El liberalismo estándar difundido en la red ha querido convertir el debate sobre el Estado en un panorama maniqueo de absolutos morales. Según la nueva Vulgata liberal -en realidad, un refrito de tendencias americanas fusionadas al calor de la revolución conservadora-, la historia económica viene a ser un combate entre una iniciativa privada angélica, responsable de la creación de riqueza, y un Estado que tiende siempre a abarcarla y asfixiarla. Este esquema sentimental obvia por lo general análisis más complejos sobre la naturaleza de los Estados y distinciones como la que hace Fukuyama entre strength y scope, y se inventa una especie de capitalismo taoísta según el cual los mercados se expanden y se mantienen no ya mediante manos invisibles sino por la Divina Providencia. Lejos de plantearse los imprescindibles trade-offs, asume la misma actitud 100% que las impugnaciones del sistema procedentes de la izquierda radical.

En el mundo real, fuera de la “batalla de las ideas”, las categorías empleadas en el discurso ideológico pierden sus nítidos contornos, y el análisis ha de tener en cuenta gradaciones y abandonar la escenificación de un férreo moralismo. Por supuesto, no existe tal cosa como una economía liberal o una economía socialista puras, sino economías mixtas en diversos grados. Y si, idealmente, los mercados tienden a funcionar mejor cuanto menos interfiere el poder estatal, es preciso reconocer que su existencia no se debe a una necesidad metafísica, y que su despliegue suele adquirir la forma de procesos e incluso decisiones intrínsecamente políticos. Hasta el punto de que muy a menudo es difícil dilucidar donde acaba lo político y donde empieza lo económico, Estado y Mercado.

El mercado común mediterráneo auspiciado por el dominio romano -la primera globalización- no se materializó hasta que Roma hubo eliminado a sus competidores, singularmente Cartago, ni hasta que Pompeyo y César hubieron acabado con la piratería merced a flotas que, por supuesto, no se reunieron espontáneamente. La segunda globalización, la decretada por la Royal Navy en los mares decimonónicos, dependía de un sistema geopolítico emanado de las Guerras Napoleónicas, que a su vez habían comenzado a decantarse seguramente unas décadas antes, en la Guerra de los Siete Años. Como el lector recordará, este conflicto enfrentó a Inglaterra y Francia en el continente -donde la subvencionada Prusia cargó con la parte principal de la lucha- y en las colonias ultramarinas. Aunque los contemporáneos, en general, no lo apreciaran, este último fue el teatro verdaderamente decisivo: Francia fue expulsada del Canadá y su presencia en Norteamérica se desvaneció con la cesión de la Luisiana a España. Además, los británicos obtuvieron una ventaja en la India que aprovecharían en las décadas siguientes. La guerra marcó el camino de la decadencia francesa y de una hegemonía británica basada en el dominio de los mares. En el último cuarto del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos pareció interrumpir la tendencia, que, si embargo, se confirmó en el Primero de Junio, Abukir y Trafalgar, las batallas que decidieron realmente el curso de las Guerras Napoleónicas.

Es tentador, por tanto, considerar la Guerra de los Siete Años y las Guerras Napoleónicas -la fase final de la Segunda Guerra de los Cien Años- como momentos decisivos en la génesis de la Gran Divergencia, el proceso por el que Europa Occidental pasó del mundo malthusiano del Antiguo Régimen al orden capitalista-liberal que nos es familiar. ¿Por qué se impuso Inglaterra, la potencia liberal, a Francia, el Estado simbólico del absolutismo centralista? Podemos arriesgarnos a resumir un análisis muy complejo -hacia 1750, Francia cuadruplicaba en población a Inglaterra y Gales, y estaba presente en el Caribe, Norteamérica y la India además de ser el árbitro de la geopolítica continental- con una fórmula sencilla: Inglaterra era un Estado más eficiente. Niall Ferguson:

It was a victory based on naval superiority. But this in turn was possible only because Britain had one crucial advantage over France: the ability to borrow money. More than a third of all Britain’s war expenditure was financed by loans. The institutions copied form the Dutch in the time of William III had now come into their own, allowing Pitt’s government to spread the cost of war by selling low-interest bonds to the investing public. The French, by contrast, were reduced to begging or stealing.

A su vez, la credibilidad del Estado británico se fundamentaba en una fiscalidad nacional unificada y racionalizada. Tim Blanning:

The ‘Second Hundred Years War’ was not won at Quebec or Tafalgar or Waterloo, or even on the playing fields of Eton, but in the Treasury in London. (…)

Just because the political nation controlled public expenditure, and just because so many of its members benefitted from it, Parliament was that much more willing to give its consent to new or enhanced taxation. Moreover, in its direct form, it was taxation that was both national and local: national in the sense that it was applied equally to all parts of the kingdom, local in the sense that it was assesed and collected by representatives of those who paid it -the landowners.

Direct taxation -the land tax and taxes on other forms of personal wealth or indicators of status- was not, however, the most important form of revenue, for it yielded only about 42 per cent of the total during the Nine Years War, 38 per cent during the War of Spanish Succession, and went on falling to 18 per cent in the 1780s. Even the introduction of the income tax in 1799 did not raise the share to more than a third. The main burden was carried by customs and excise. After 1660, responsibility for their collection was shifted from private tax-farmers to public officials, bureaucratically controlled. The advantages of indirect taxation were twofold. First, although it bore heaviest on the poor, because it was a tax on consumption, the fact that it was paid at the port of entry or in the manufactory and was incorporated in the price meant that it was relatively invisible. Secondly, it allowed the state to benefit from the expansion of commerce, through customs dues, and from the consumer revolution of the eighteenth century, as excisable commodities such as tea, sugar and tobacco passed down the social scale to become the necessities of the masses. (…) This expansion was accompanied by professionalization. As John Brewer has written: ‘Dependent upon a complex system of measurements and book-keeping, organised as a rigorous hierarchy based on experience and ability, and subject to strict discipline from its central office, the English Excise more closely approximated to Max Weber’s idea of bureaucracy than any other government agency in eighteenth-century Europe.’

In short, the fiscal system that evolved in England in the course of the seventeenth century was universal, bureaucratic, professional and public.

Como ya vimos en el caso del derecho y las instituciones, la representación de una Francia borbónica monolítica, centralista y omnicomprensiva, de un scope casi ilimitado, enmascara la realidad de su limitada fuerza. Por contra, el Estado británico fue capaz de canalizar una cantidad ingente de recursos sin renunciar a su cultura de la soberanía, la iniciativa y la libertad individuales. Una cultura que se extendió por el globo gracias a la vitalidad y fortaleza de la nación política construida sobre ella.